1. El respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la soberanía nacional y popular.

2. La propiedad del estado sobre las riquezas y recursos naturales.

3. El endeudamiento externo. El Fondo Monetario y el Banco Mundial.

4. La integración regional. Estado actual de los organismos existentes (UNASUR, CELAC, MERCOSUR, PACTO ANDINO, ETC.) e iniciativas para su impulso y reactivación.

5. La exigibilidad judicial de los derechos económicos sociales y culturales - La progresividad en las políticas públicas.

6. Los derechos de las mujeres a 25 años de la plataforma de Beijing.

7. El derecho a un medioambiente sano y sustentable en el constitucionalismo latinoamericano y el caribe. El cambio Climático y sus efectos.

8. La vigencia de las garantías de los derechos civiles y políticos – La utilización de la administración de justicia para la persecución política.

9. Libertad de prensa o de empresa. Responsabilidad por la transmisión de noticias falsas (fake news). Las redes sociales y el uso de datos.

10. Alcances y límites a las facultades y la independencia de jueces, juezas e integrantes del ministerio público. Condiciones para su elección y remoción. Complementariedad entre los poderes del Estado.

11. Responsabilidad de las y los funcionarias/os públicos por las consecuencias de su gestión y por los daños económicos al patrimonio estatal o a las clases o sectores mayoritarios.

12- La corrupción, motivación, persecución y pretexto.

13- El acceso a la justicia- Juicio por Jurados- Jurados Indígenas.